Denuncian a ministros de la Suprema por fallos que otorgaron rebajas de condena a agresores sexuales de menores

En medio de la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad, los abogados Raimundo Palamara y Maximiliano Murath presentaron una denuncia por el delito de prevaricación judicial ante la Fiscalía Nacional contra ministros de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones que participaron en fallos que permitieron conceder estos beneficios.

La acción fue ingresada durante la jornada del lunes y se suma a la denuncia presentada anteriormente por parlamentarios de oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el exsubsecretario de la cartera Luis Silva, por una eventual prevaricación administrativa.

Esta nueva presentación apunta contra los magistrados que sostuvieron una interpretación jurídica basada en el principio de irretroactividad de la ley penal, criterio que permitió conceder rebajas de condena a personas cuyos casos habían concluido antes de 2022.

Según consignó La Tercera, esta jurisprudencia se habría aplicado en cerca de 300 fallos. Los denunciantes sostienen que esa interpretación fue posteriormente utilizada por Rabat para modificar el criterio administrativo sobre la entrega de estos beneficios penitenciarios.

En el caso de la Corte Suprema, la presentación identifica 14 resoluciones dictadas entre 2022 y 2026 que favorecieron a condenados por delitos sexuales contra menores. Además, incorpora fallos de cortes de apelaciones en los que se habría sostenido el mismo criterio.

Entre las resoluciones cuestionadas destacan cinco dictadas el 14 de abril de 2026. De acuerdo con el documento, la mayoría favorable en esas decisiones estuvo integrada por los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, junto al abogado integrante Eduardo Gandulfo. La denuncia busca establecer eventuales responsabilidades individuales de los magistrados que participaron en dichas resoluciones.

El argumento de los denunciantes

El fundamento de la acción apunta a determinar si alguno de los jueces dejó conscientemente de aplicar una prohibición legal que, dadas las circunstancias de cada causa, se encontraba vigente y era aplicable, o si, por el contrario, resolvió dentro de una interpretación jurídicamente defendible de las garantías de legalidad e irretroactividad penal.

Raimundo Palamara, vinculado al Partido Republicano y a la Fundación Fuerza Ciudadana, sostuvo que corresponde investigar a los magistrados que establecieron el criterio jurídico utilizado posteriormente por las autoridades del Ministerio de Justicia.

“No puede haber rigor penal para unos y un manto de impunidad para otros. Si el Ministerio Público estima que existen antecedentes suficientes para investigar por prevaricación a Fernando Rabat, a raíz de la aplicación de un determinado criterio interpretativo de una ley cuya redacción es deficiente, resulta igualmente exigible que se investigue a quienes, desde los tribunales superiores de justicia, sostuvieron ese mismo criterio en sus sentencias”, afirmó.

Por su parte, Maximiliano Murath, relacionado con el Partido Nacional Libertario, apuntó a la jurisprudencia establecida por ministros de la Suprema durante los últimos años.

“Para nosotros el gran responsable de este sistema de liberación de pedófilos, violadores y abusadores sexuales, es la doctrina que han tenido varios ministros de la Corte Suprema en los últimos cuatro años. Creemos indispensable investigar a fondo si estos ministros de la Corte Suprema han cometido prevaricación y han actuado en contra de la ley y la Constitución”, señaló.

La presentación solicita reunir los expedientes judiciales y los registros de votación para esclarecer la participación de cada magistrado. Asimismo, busca determinar qué rebajas fueron concedidas por orden de los tribunales y cuáles se concretaron mediante decisiones administrativas del Ministerio de Justicia.